Una breve descripción de la Ley de Acceso al Transporte Aéreo, a continuación encontrará enlaces al texto de la ley, y fuentes secundarias sobre la misma
Un aerolínea de Delta Airlines en vuelo a través de un cielo azul

Delta Airlines Airbus (Creditos: Gietge via Wikimedia Commons)

La Ley de Acceso al Transporte Aéreo de 1989 (ACCA por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación en el transporte aéreo por parte de empresas nacionales e internacionales contra personas calificadas con algún impedimento físico o mental. Esta regulación solo se aplica para empresas que presten servicios aéreos al público de forma regular. La ACAA establece estándares concernientes con el acceso de abordaje asistido, algunas características de accesibilidad y aviones construidos recientemente y nuevos o remodelados aeropuertos.

El Departamento de Estado de Transporte (DOT por sus siglas en inglés) tiene la autoridad de expedir regulaciones y exigir el cumplimiento de la ACAA. Asimismo, el DOT ha producido guías sobre las potenciales obligaciones que coincidan entre las leyes ACCA, la ADA, y la Sección 504. Las personas con discapacidad pueden exigir el cumplimiento de sus derechos de conformidad con la ley ACAA presentando una queja ante el DOT. Durante muchos años luego de la promulgación de esta ley, en las cortes se interpretaba la ley como que de una forma implícita otorgaba un derecho a demandar, lo cual permitió que individuos en condición de discapacidad reclamaran sus derechos derivados de la ACAA interponiendo demandas ante las cortes federales. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión que no estaba relacionada con el transporte aéreo, manifestó que la ACAA no otorgaba un derecho a demandar porque esto no estaba dispuesto por la ley explícitamente. En el mejor de los casos, el derecho a demandar solo se puede ejercer cuando se han agotado todos los procesos administrativos ante el DOT. En los últimos años, la comunidad de personas en condición de discapacidad y abogados activistas han intentado enmendar la ley para que ésta incluya un derecho a demandar. 

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