Las adecuaciones en materia tecnológica, comunicacional, y la accesibilidad jurídica son igualmente importantes para acceso a la justicia
Guillermo Vega se sienta en una silla de ruedas en frente de muchas banderas países internacionales.

Guillermo Vega en la Academia Diplomática del Perú, donde llevó un curso de especialización de Relaciones Internacionales.

Lo Logrado 

En el mes de febrero del año pasado publiqué un artículo, Sin acceso a la justicia, en mi blog en el que narraba la incómoda e indignante situación que se me presentó cuando, en mi condición de abogado, tuve que realizar una visita al Primer Juzgado Penal de Lima que se encontraba en la sede de los juzgados penales ubicada en la Cdra. 26 de la Av. Arenales en San Isidro, Lima, Perú.

Algunos de los inconvenientes fueron falta de parqueo especial para los automóviles; ingreso principal de cinco escaleras sin rampa; “entrada especial” consistente en un ingreso de cinco escaleras pero sin vista a la calle; y juzgado en el tercer piso y ascensor en mal estado.

El Poder Judicial del Perú estaba violando una gran cantidad de leyes nacionales y convenciones internacionales:

Claro está que el tema de acceso a la justicia va más allá de las barreras arquitectónicas o físicas. Las adecuaciones en materia tecnológica, comunicacional, y la accesibilidad jurídica son igualmente importantes. Sin embargo, en esta ocasión me centro en el aspecto físico en atención a la anécdota que me tocó vivir y que motivó que presente una queja ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ante la Defensoría del Pueblo.

Ante ello, la Viceministra de Justicia me invitó a participar como miembro de la sociedad civil en el Grupo de Trabajo que se encargaba del tema Personas con Discapacidad en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos--propuesta que acepté brindando mis humildes aportes junto a un grupo de reconocidos activistas bastante motivados. Fuimos muy cuidadosos al abordar el tema de accesibilidad.

Por otro lado, cabe señalar que a las pocas semanas, el juzgado fue trasladado a la sede central ubicada en la Avenida Abancay en el Centro de Lima, con rampas para el ingreso y ascensor funcionando.

Lo que funcionó 

Algo que merece resaltarse es que el Poder Judicial a través del Programa de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad ha adoptado el Plan nacional de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad del Poder Judicial. El referido Plan Nacional quinquenal (2016-2021) propone garantizar el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación. Ello implica identificar las barreras legales para remover dichos obstáculos y adoptar las medidas concretas para favorecer el goce efectivo de este derecho.

En atención a ello, el Poder Judicial aprobó recientemente el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad propuesto por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Lo que me parece digno de resaltar es que la iniciativa será aplicada en las 34 cortes superiores de justicia del país con el propósito de otorgar a los magistrados y otros operadores de justicia los lineamientos que les facilitarán brindar una atención correcta y eficaz para las personas con discapacidad en general para el pleno ejercicio de sus derechos sin ningún rasgo de discriminación y en todos los estamentos del sistema de administración de justicia.

Asimismo la institución desarrollará iniciativas que promuevan el cumplimiento de los compromisos de carácter internacional asumidos por el Perú, con la finalidad de que sean revaloradas y reconocidas en la administración de justicia y por el bien de la sociedad.

Entidades de la sociedad civil también han brindado sus aportes; incluso APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos) ha publicado un importante análisis sobre la materia.

Un protocolo de esta naturaleza requiere de metas, indicadores y presupuesto, de lo contrario no tendrá resultados eficaces y por ello creemos que debe estar sujeto a un monitoreo y seguimiento permanente.

Ya van apareciendo interesantes iniciativas, por ejemplo, con base en este protocolo, la Corte de Justicia de Cajamarca, región ubicada en la sierra norte de Perú, está implementando un programa de notificación de resoluciones y sentencias judiciales en el sistema Braille para las personas ciegas.

Esperemos que los planes nacionales se implementen y ejecuten con éxito y con el concurso de todos los peruanos que deseamos revalorización de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y su atención oportuna, digna, y en igualdad de oportunidades. La tarea no es fácil; sólo por citar un ejemplo, más del 60% de los Juzgados de Paz Letrados en el Perú se encuentran en pisos altos en edificaciones sin ascensor. Acceso a la justicia es tarea urgente.

Sobre el Autor 

Guillermo Vega

Como asesor jurídico en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú, el Sr. Vega revisa los proyectos de leyes y decretos supremos.

El Sr. Vega sirvió en las comisiones intersectoriales con respecto a los temas de discapacidad y legislación, incluida la Comisión sobre la aplicación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y la Comisión para la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas en el Perú. También se ha desempeñado como Asesor de la Comisión de Discapacidad del Congreso de la República.

Como presidente del CONADIS, organización rectora de asuntos de la discapacidad de su país y como Director General de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Sr. Vega trabajó en estrecha coordinación con otros ministerios para un abordaje transversal del tema.

Ha escrito diversos artículos para revistas y los principales diarios de su país promoviendo los derechos de las personas con discapacidad.

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